Una de cada seis mujeres prefiere la interrupción clandestina por temor a ser encarceladas.
México, DF. 30 de mayo de 2014.– Organizaciones civiles como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) y Coalición por la Salud estiman que en México al año se registran hasta un millón de abortos inducidos.
Asimismo, señalan que una de cada seis mujeres prefiere la interrupción clandestina, ya que pueden ser encarceladas debido a que se han endurecido las legislaciones en al menos 17 estados, contra quienes atentan contra el derecho de «proteger y garantizar el derecho a la vida» desde la concepción.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara en agosto de 2008 la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal, por lo menos 17 estados, panistas y priistas, han blindado sus legislaciones contra la posibilidad de acceder a un aborto seguro, en instalaciones médicas.
«Son las mujeres pobres, menos educadas e indígenas las que tienen nueve veces más probabilidad de tener un aborto inseguro que las mujeres con mayores posibilidades económicas, más educadas y que no pertenecen a etnias indígenas», explicó Regina Tamez, directora del Gire.
Morelos, Baja California, Colima, Durango, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, Querétaro, Oaxaca y Tamaulipas son los estados que han cerrado toda posibilidad de replicar las reformas realizadas, el 26 de abril de 2007, al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Una reforma que, de acuerdo con la Secretaría de Salud del DF, suma, desde 2007, 119 mil 522 procedimientos de interrupción legal del embarazo entre jóvenes de 18 a 29 años, principalmente.
Aproximadamente 50 por ciento reportó ser soltera y el resto casada; 30 por ciento, con nivel de secundaria; otro 30, con preparatoria, y el resto nivel universitario. La mayoría tiene al menos un hijo, con niveles socieconómicos bajos.
Armando Ahued, secretario de Salud del DF, precisó que a siete años de la ILE en la Ciudad de México 32 mil mujeres de otras entidades, la mayoría del Estado de México, interrumpieron su embarazo.
Seis mil 700 abortos fueron practicados a menores de edad, de los cuales 98 por ciento fueron acompañadas por su madre; 40 mil mujeres que pidieron información decidieron tener al bebé, es decir, una de cada tres.
Solo 2 por ciento de las más de 119 mil se ha realizado más de un aborto en alguno de los nueve hospitales y cuatro clínicas acondicionadas.
Los esfuerzos gubernamentales a escala nacional para disminuir la mortalidad materna (51 mujeres por cada 100 mil) y los embarazos en adolescentes, así como los abortos clandestinos, se han visto obstaculizados por grupos conservadores, legisladores, médicos que se niegan o están poco capacitados para atender las emergencias obstétricas, así como a cumplir con la NOM-046-SSA2-2005.
Una norma mediante la cual se otorgan anticonceptivos, la denominada píldora del día siguiente, y que remite a las mujeres víctimas de violencia familiar y sexual a centros autorizados por la Secretaría de Salud federal para acceder a la interrupción de un embarazo en condiciones higiénicas y seguras, y a medicamentos antirretrovirales para impedir contagio de VIH/sida en las primeras horas.
El aborto clandestino en México, conforme a Gire, el Instituto Nacional de la Mujeres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene entre sus causas esenciales la falta de acceso a igualdad y a una vida libre de violencia.
La gravedad del asunto ha propiciado que en Coahuila, una de las entidades más conservadoras, el diputado Samuel Acevedo Flores, del Partido Socialdemócrata, promoviera una iniciativa de despenalización del aborto similar a la del DF y que los diputados del PRI, que son mayoría, consideren su análisis y votación en esta legislatura por el alto número de embarazos en adolescentes, de muertes, muchas niñas de 10 años, que han abortado.
La diputada María del Rosario Bustos Buitrón, del PRI, también en Coahuila, señaló que aunque considera que la vida se da desde la concepción, antepondrá a sus ideologías personales el bien común del estado, porque, la realidad es que hay poco acceso a los anticonceptivos, aunque ya se está promoviendo el uso del condón con máquinas estratégicas colocadas en lugares públicos y en escuelas de nivel preparatoria cuyo costo es de un peso.
Pero lo cierto es que Coahuila se encuentra en los primeros lugares en embarazos y en abortos. Si se avala, la interrupción dejará de verse como un delito «aberrante» que merece cárcel y será una medida de salud al alcance de las mujeres.
VIOLACIONES SIN CASTIGO
Estadísticas oficiales de la Ssa, reportan que en México tres de cada 10 jóvenes, entre 12 y 19 años, tienen vida sexual activa y no utilizan método anticonceptivo; no todos los encuentros sexuales son consensuados.
Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, explicó que en el país se registran alrededor de 120 mil violaciones contra mujeres y, de éstas, solo 15 mil se denuncian formalmente ante diferentes procuradurías.
El común denominador es la «impunidad, dado a que solo 4 mil terminan con sentencias hacia a los agresores que son menores a los 14 años de cárcel».
«Estamos hablando de que existe un grado de impunidad superior a 70 por ciento cuando hay denuncia, por ello, por cada caso que llega a las procuradurías de justicia ocho casos de violación jamás se denuncian», dijo Navarrete Gutiérrez.
Las procuradurías estatales se niegan a levantar la denuncia de manera inmediata y expedita, alargan todo el proceso por más de 72 horas, con lo cual ya no es posible acceder a todo un paquete de atención que va desde el suministro de la llamada píldora del día siguiente, tratamientos antirretrovirales para evitar contagio de VIH, hasta la práctica de un aborto médico conforme a la NOM 046, avalada por la SCJN.
En Chihuahua, citó como ejemplo, se detectaron 831 delitos de violación contra mujeres entre 2007 y 2012, pero de éstos solo tres recibieron la píldora de emergencia y accedieron a los servicios de salud conforme a lo establecido en la NOM 046.
De hecho, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH/Sida reportó que en 2013 se otorgaron en algunos de sus 273 centros autorizados en el país tratamiento antirretroviral a mil 800 mujeres, con un costo que osciló cada uno en 3 mil pesos, aproximadamente; se trata de víctimas de violaciones.
La mayor parte de las víctimas de violación no denuncian ni exige tener acceso a la ILE y a la píldora de emergencia, como establece la NOM 046, por temor a la criminalización.
CÓDIGOS PENALES
Los códigos penales de las 32 entidades del país contemplan el aborto por violación.
Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz tienen plazos muy estrictos para la interrupción del embarazo, que va de los 75 días y tres meses a partir de la violación.
El aborto por peligro de muerte se contempla en 29 de los 32 códigos penales del país, quedando fuera Guanajuato, Guerrero y Querétaro.
En el caso del DF, Chihuahua e Hidalgo, aunque no se menciona de manera explícita en su código penal, esta causal queda comprendida en «grave daño a la salud».
La interrupción por malformaciones genéticas o congénitas graves del producto se considera en 14 códigos penales, con excepción de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
El Distrito Federal es el único que considera como causal la «voluntad de la mujer durante las primeras 12 semanas del embarazo»
Yucatán es la única que tiene como causal de aborto cuestiones económicas, cuando la mujer tenga al menos tres hijos y poca solvencia.
El aborto por «inseminación artificial no consentida», únicamente la tienen Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, DF, Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.
No hay cárcel ni sanción para la mujer en Oaxaca y Durango, por ejemplo, debido a las cláusulas de excepción que permiten la cancelación del embarazo si es producto de una violación, por riesgo de muerte y salud de la madre, malformación congénita o muerte natural del feto.
PINTA DE BARDAS
La campaña Grafiteando por el Derecho a Decidir difundirá Interrupción Legal de Embarazo en la Ciudad de México, a través de la pinta de bardas en las calles y espacios de encuentro de mujeres y jóvenes de las delegaciones con alto índice de embarazo en adolescentes.
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y La Red Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir son las organizaciones que han decidido iniciar la campaña a 7 años de la aprobación de la ILE en el Distrito Federal.
Ayer, en conferencia de prensa Minerva Santamaría, Coordinadora del Programa de Jóvenes de CDD, destacó que en el DF las demarcaciones con un mayor índice de embarazos de adolescentes son Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Tlalpan y Venustiano Carranza.
MAYOR PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL
Mujeres integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México se manifestaron en las inmediaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) para exigir más políticas públicas que prevengan la violencia sexual contra las mujeres y los embarazos en la adolescencia.
La organización hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y la Conapo para realizar tareas de prevención con la inclusión de educación sexual, servicios médicos de sexualidad y reproductividad, además de promoción al uso de métodos anticonceptivos para las jóvenes de 12 a 19 años.
Con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, las activistas reconocieron que aún existe un rezago en la implementación de políticas que prevengan los embarazos en niñas y adolescentes, ya que en 2012 más de 11 mil mujeres de 10 a 14 años ya eran madres.
Asimismo, una de cada dos adolescentes de 12 a 19 años que inicia su vida sexual se embaraza, mientras que dos de cada 10 jóvenes del mismo rango de edad han estado encinta por más de una vez, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Norma Ponce/México