Demandan al Estado que no se criminalice a la mujer, y que incluya la interrupción del embarazo como parte de sus políticas públicas de salud
Mérida, Yucatán, 26 de diciembre de 2016.- Mientras que la discusión sobre la interrupción legal del embarazo en Yucatán y otros estados del país sigue ausente, un número difícil de cuantificar de mujeres siguen perdiendo la vida en prácticas riesgosas a las que recurren por la falta de un marco legal que considere el respeto a sus derechos reproductivos.
En los últimos años, la interrupción legal del embarazo se ha planteado como un tema de justicia social y de acceso a la salud para las mujeres. Sin embargo, siguen vigentes posturas que criminalizan a quienes lo practican, incluso a través de sanciones establecidas en la Constitución local en la que está tipificada como un delito.
Fue en 2009 cuando en Yucatán se modificó el artículo 94, en el apartado correspondiente del Código Civil, para establecer condenas de dos meses a un año en prisión para las mujeres que decidan interrumpir sin causa justificada su embarazo.
La ley en Yucatán sólo “permite” la interrupción del embarazo en casos como pobreza extrema de los padres, cuando la mujer tiene más de tres hijos; enfermedad grave o riesgo para la vida de la madre, o cuando se haya cometido una violación sexual.
Pese al marco legal que lo rodea, existen voces desde la sociedad civil organizada que exigen que el aborto sea abordado desde una perspectiva de salud pública y de derechos humanos:
Demandan que el Estado asuma su responsabilidad incluyendo la interrupción del embarazo como parte de sus políticas públicas, para que de esta manera se eviten muertes de mujeres que recurren a procedimientos clandestinos e inseguros cuando deciden no continuar con el embarazo.
La despenalización, una cuestión de derechos
“Despenalizar el aborto es importante para las mujeres yucatecas, pues de no hacerlo, se seguirá violando sus derechos humanos, su derecho a la autonomía y su derecho a la salud”, declaró la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Yolanda Molina sobre la situación actual de quienes buscan interrumpir de manera legal su embarazo.
Explicó que legalizarlo es un tema de justicia social, debido a que en su mayoría “son las mujeres pobres indígenas, con acceso limitado a la educación y servicios de salud, las que son criminalizadas”.
En 2009, el Congreso estatal aprobó la Ley por la Familia, que establece -entre otros puntos-, la protección de la vida en el momento de la concepción y la prisión para quien decida abortar.
“En este sentido, el Código Penal califica al aborto como un delito. Esta cuestión pone en situación de vulnerabilidad a todas las mujeres, ya que no se contemplan las diferentes causas por la cuales a veces tienen que recurrir a esta decisión” más allá de lo establecido en el mismo código, declaró Molina.
La experta señaló que en Yucatán –junto con otros dos estados del país- existe una causal muy particular para permitir la interrupción del embarazo: que las mujeres que tengan más de tres hijos y cuya condición económica sea precaria puedan solicitarla. Sin embargo, ni ésta u otras causales han sido tomadas en cuenta, tal es el caso ocurrido hace unos meses, cuando a una mujer se le negó ese procedimiento quirúrgico en el Hospital Agustín O´Horán, a pesar de que cumplía con esas características.
En el debate legal no se toca el tema
Sobre la penalización del aborto, el diputado local del PRD, David Barrera Zavala, señaló que se trata de un retroceso en el marco jurídico de Yucatán que difícilmente se podrá cambiar pronto “porque es un tema más polémico que el matrimonio igualitario o la adopción de hijos por parte de personas del mismo sexo”.
“En mi opinión, yo no comparto la idea de que las mujeres aborten por ninguna causa, salvo casos extremos en donde se pudiera poner en riesgo la vida de la persona, pero sí estoy a favor del derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo. Nunca le diría a mi esposa que aborte, pero si votaría a favor de que cambie la ley y se despenalice”, explicó.
Afirmó que los legisladores deben estar conscientes de que las leyes son para la sociedad, por lo que este tipo de asuntos no pueden ni deben discutirse desde una posición religiosa o moralista, sino del respeto a los derechos de todos los ciudadanos, sin distingo alguno.
La importancia de entender y derribar mitos
De acuerdo con el grupo IPAS México, las personas que se oponen a la interrupción legal del embarazo han propagado información errónea para reducir el acceso de las mujeres a un entendimiento de sus opciones en materia de reproducción y estigmatizando ese procedimiento.
Esta organización indica que, desde el punto de vista científico, está probado que desde la concepción hasta las 12 semanas de gestación no existe una conexión neuronal con el sistema nervioso central del ser humano que permita la percepción del dolor. Esa ha sido la base de las razones por las que en sitios como la Ciudad de México, además de otras capitales y regiones en el mundo, el aborto sea una opción legal en ese periodo.
En el documento “Diez Datos Sobre el Aborto”, IPAS aclara también que el “síndrome postaborto” no es un diagnostico psiquiátrico válido, y que la interrupción del embarazo no causa cáncer de mama.
De forma congruente, la asociación señala que abortar después de las 12 semanas sí incrementa el riesgo de muerte de la mujer, pero que no es equiparable con otros procedimientos obstétricos, como el parto natural, que incluso puede ser más riesgoso.
Añade que el desarrollo completo de nueve meses de embarazo en adolescente es mucho más peligroso que abortar, ya que las menores no cuentan con las características físicas para la maternidad.
En mujeres con enfermedades crónico-degenerativas –como la diabetes, anemia e hipertensión- el aborto puede ser una opción para disminuir el riesgo de muerte, ya que el estar embarazada imposibilita que tomen los medicamentos que requieren para mejorar su salud, se expone en el texto.
Por tal razón, IPAS insiste en que el gobierno debe diseñar políticas públicas a favor del derecho a la salud y la vida de las mujeres. Debe hacerlo no sólo desde una visión de ausencia de enfermedades, sino para garantizar su bienestar físico, emocional y social, permitiéndoles abortar en un marco legal que contemple insumos suficientes, tecnologías adecuadas y personal capacitado. (Para continuar leyendo este reportaje, consulte la más reciente edición impresa de la revista Desde el Balcón).