Con una acción de inconstitucionalidad quieren echar atrás cuatro disposiciones de la ley que afectarían a las plataformas tecnológicas
Mérida, Yucatán, 21 de julio del 2016.- Diputados locales de Acción Nacional (PAN) informaron que ayer presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de acción inconstitucional que busca echar atrás algunas disposiciones de la recién aprobada reforma a la Ley de Transporte de Yucatán, en materia de servicios que ofrecen plataformas tecnológicas como Uber y Ryde and Go.
El legislador Elías Lixa Abimerhi indicó que con este recurso buscan que se invaliden puntos de la ley, como que el valor de los vehículos que brinden este servicio de transporte sea de un valor mínimo de 200 mil pesos, y que el gobierno del Estado no sea quien determine “de manera discrecional” del número de unidades y sus rutas.
De igual manera, los panistas piden que se retire la restricción de que sólo los dueños de los automóviles tengan la posibilidad de conducirlos para ofrecer el servicio de transporte, y que no se limite el pago exclusivamente para tarjetas de crédito.
En rueda de prensa, los diputados del PAN precisaron que esta acción de inconstitucionalidad lo pudieron plantear gracias al respaldo de la legisladora de Morena, Jazmín Villanueva Moo, pues se requería que más del 33 por ciento de los integrantes de la legislatura la impulsaran –como señala la Carta Magna- para que pudiera presentarse ante la Corte.
Lixa Abimerih recordó que la actual Ley de Transporte aún no tiene reglamento, “y aunque el gobierno del Estado diga que presentará uno más flexible, ninguno puede estar por encima o a la altura de lo que dicta la ley”.
Además, recalcó, los reglamentos son temporales y el gobierno tiene la facultad de “darle la vuelta como quisiera”, por tal razón recurrieron a la SCJN, para echar atrás las disposiciones que afectarían a las plataformas tecnológicas “porque queremos una ley más justa, que regule el transporte a favor de los ciudadanos”.
Aunque los magistrados no tienen un “tiempo fatal” para sus resoluciones, los diputados del PAN esperan tener una respuesta a sus recursos a más tardar en seis meses. (Herbeth Escalante)