El juez quinto de distrito en materia penal deberá revalorar todas las pruebas que incriminan a la maestra y dictar un nuevo auto de formal prisión o libertad por el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
México, 21 de marzo de 2014.- El juez quinto de distrito en materia penal deberá revalorar todas las pruebas que incriminan a Elba Esther Gordillo y dictar un nuevo auto de formal prisión o libertad por lo que hace al caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lo anterior luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) cometiera un error procedimental al presentar una querella contra Elba Esther Gordillo Morales y no una denuncia como lo marca la ley por el delito de lavado de dinero por más de dos mil millones de pesos.
Destaca que al detectar el error de procedimiento los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 227/2013, modificaron la sentencia dictada a la ex líder magisterial solo por lo que hace al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.
Los magistrados le explicaron al Ministerio Público de la Federación que no se requería “como requisito de procedibilidad la querella, sino la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Por lo que otorgaron un amparo efectos a Gordillo Morales y ordenaron al juez sexto de distrito realizar una nueva valoración y dictar un nuevo auto de formal prisión, en virtud de que el actual carece de fundamentación.
Lo anterior no significa que Elba Esther Gordillo Morales pueda obtener su libertad, ya que los magistrados también analizaron todas las pruebas presentadas por la PGR y determinaron que muchas de ellas fueron presentadas en tiempo y forma.
Por ejemplo los magistrados señalaron que quien formuló la denuncia ante la PGR, estaba legitimado, en virtud de que exhibió los documentos relativos al gafete de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como constancia 032 (aun cuando esta constancia tuviera fecha de un día posterior a la ratificación de la denuncia), que demostraban que el acreditado fungía como Director General Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contaba con facultades para ello.
Los magistrados también resolvieron que el delito sigue vigente y que no ha prescrito. (Animal Político)