Busca fortalecer las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas.
Mérida, Yucatán, 22 de septiembre de 2015.- A partir de este martes, entró en vigor en todos los órganos judiciales de Yucatán el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas a nivel federal y estatal.
Hasta hace unos meses, existían 33 códigos en el país, cada uno con distintas reglas para el desahogo de un juicio penal, por lo que ahora, la intención es que haya un sistema único que será válido en todo el territorio nacional.
En sesión extraordinaria de los magistrados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Marcos Celis Quintal, declaró que la entrada en vigor de este Código Procesal requirió de una participación “comprometida, coordinada y puntual” de los Poderes del Estado, a fin de hacer efectivo el mandato legal federal.
En ese sentido, recordó que en septiembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución de la República, para que se eche andar en todas las entidades del país, y fue en marzo del año pasado cuando el presidente Enrique Peña Nieto promulgó este Código Nacional de Procedimientos Penales.
En ese entonces, el mandatario federal señaló que dicho Código “reglamentará para todo el país el nuevo paradigma de la justicia penal”, y permitirá acelerar la aplicación del modelo de juicios orales, con el cual el acceso a la justicia será más transparente, ágil y equitativo.
Este ordenamiento jurídico tiene como factores centrales la protección de la víctima, el respeto a sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido proceso.
El Código Procesal Penal busca fortalecer las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas a nivel federal y estatal. Además, al tener una legislación procesal penal única, válida para todo el territorio nacional, permitirá en los hechos que los ciudadanos gocen del derecho constitucional a una justicia pronta y expedita.
Sin embargo, Celis Quintal recalcó que el Código Procesal de Yucatán era considerado de avanzada, ya que establecía todos los principios del sistema de justicia acusatorio y oral.
Señaló que sólo cambian los plazos de tiempo dentro de los juicios, algunas reglas adicionales en los derechos de los detenidos y las víctimas, y surge una nueva modalidad, que es el Juicio Inmediato, en donde la Fiscalía General del Estado puede pedir que se enjuicie al imputado luego de la Vinculación del Proceso, en virtud de que hayan todos los elementos para realizarse.
“Este nuevo Código Procesal es más exigente, más garantista, pues las instituciones tendremos que cumplir mejor que se protejan los derechos de las víctimas y los imputados”, agregó Celis Quintal.
Explicó que en Yucatán estarán en vigor simultáneamente tres códigos procesales diferentes: el tradicional, que va perdiendo validez desde el 3 de junio del 2014, y que sólo es aplicable a los casos judiciales anteriores a esa fecha; el código relacionado a los juicios orales, que hoy deja de tener vigencia y que se enfocará a los ventilados durante este 2015; y el de Procedimientos Nacionales, que arrancó este martes.
“Con la expedición de este Código nacional, se busca unificar las reglas de los procesos penales en todo el país, por eso nos tomamos el tiempo para capacitarnos, para no hacer las cosas con prisas, y seguimos a nuestro ritmo, llevamos buen paso, y hemos hecho un proceso de planeación, de implementación y operación del sistema de manera correcta, con contundencia y firmeza, y eso nos da un buen resultado”, sostuvo en entrevista.
Recalcó que Yucatán se posiciona a nivel nacional en cuanto a la implementación del sistema de justicia, “pues no se trata de competir, sino de hacer bien las cosas, el sistema es funcional, son más rápidos los procesos, hemos demostrado que son de mejor calidad, cuando el acusado no es culpable será absuelto, y si se demuestra su culpabilidad será condenado y pasará años en prisión”.
En la sesión de este martes en el Pleno del Poder Judicial, acudió como invitado el Fiscal General del Estado, Ariel Aldecua Kuk, quien declaró que con la llegada de esta norma se da un paso más a la consolidación del sistema judicial en la entidad.
“El Código Procesal establece reglas que, estoy seguro que con el trabajo conjunto de todas las instancias, se tendrán los resultados que la sociedad yucateca espera”, indicó.
Señaló que se trata de un nuevo paradigma, lo que representa una responsabilidad de todas las instituciones encargadas de impartir justicia, pues el derecho penal es innovador, “y será nuestro trabajo socializarlo para que los ciudadanos conozcan sus bondades y ventajas”
Aldecua Kuk recalcó que con este ordenamiento judicial se privilegia la reparación del daño, se consolidan los derechos humanos de los imputados y de las víctimas, y se homologará el trabajo de investigación y los protocolos de actuación al perseguir un delito.
Autoridades judiciales coinciden que este Código representa una oportunidad para que las instituciones de procuración e impartición de justicia se modernicen y recuperen la confianza ciudadana, a partir de resultados.
Entre sus beneficios, permitirá acelerar la aplicación del modelo de juicios orales; el acceso a la justicia será más transparente, ágil y equitativo; y se cuidará a la víctima, sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido proceso.
Además fortalecerá las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas; se dará transparencia a los juicios penales disminuyendo la discrecionalidad, y se contará con profesionales del derecho para aplicarlo.
Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, Yucatán ya cumplió –por adelantado- al cien por ciento con el sistema de justicia acusatorio, que tiene como fecha máxima para implementarse en todo el país el 18 de junio del 2016. (Herbeth Escalante)
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