Detecta 28 metros cúbicos de madera de granadillo y tráfico de documentación forestal en Campeche; el aseguramiento fue realizado por elementos de la Policía Federal.
CAMPECHE, 05 de julio de 2015.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), detectó el contrabando de 28 metros cúbicos de madera de granadillo, así como el tráfico de documentación forestal.
Se procedió al aseguramiento de la madera y también se puso a disposición del Ministerio Público Federal al conductor del camión que transportada la madera.
Ante las inconsistencias detectadas en la documentación presentada por el sujeto, el personal de la Profepa adscrito al estado de Campeche se dio a la tarea de escudriñar en el caso.
Cotejó con la delegación de la Procuraduría en Chiapas el reembarque forestal presentado por el presunto infractor y confirmó que fue emitido por el Centro de Almacenamiento y Transformación de materia prima forestal (CAT), denominado «La Esperanza», ubicado en el municipio de Tenejapa.
Asimismo, solicitó verificar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la especie y el volumen autorizado, una vez que los datos de las copias fieles presentados por el conductor del vehículo, no coincidieron con la especie y el volumen de la madera que éste traía consigo.
Como resultado de las investigaciones, se detectó que aunque había una autorización para el funcionamiento del CAT «La Esperanza», éste físicamente no existía.
También se constató que las copias fieles no coincidían ni en volumen ni en especie, una vez que la Semarnat autorizó madera de pino en el reembarque forestal.
Lo anterior forma parte de las acciones coordinadas que mantiene la Profepa con elementos de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, en el marco de la lucha frontal contra el tráfico y contrabando de madera.
La Profepa informó que tiene como objetivo principal, a través de la verificación, el cotejo y la comparación, inhibir el uso inadecuado de la documentación emitida por la Semarnat y con ello disminuir la comercialización ilegal de materias primas forestales maderables en la región sur del país.
La sanción administrativa al transportista puede alcanzar una multa hasta de 20,000 veces el salario mínimo y además la sanción en materia penal pueden llegar a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa adicionales.