Tribunal Colegiado admitió demanda de amparo en contra de la resolución del Tribunal Constitucional, en cuanto al matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Mérida, Yuc. 09 de junio del 2015.- El Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del décimo cuarto circuito con sede en Yucatán, admitió una demanda de amparo que interpusieron asociaciones civiles en contra del Tribunal Constitucional de Yucatán, por negarse –hace unos meses- a reconocer que el Congreso de Yucatán “está obligado” a legislar a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Como se recordará, el 2 de marzo pasado, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió una demanda de acción contra omisión legislativa que fue presentada por organizaciones de derechos humanos, quienes señalaban que el Congreso del Estado había incurrido en una omisión inconstitucional, al no modificar leyes y el código de la Familia para que las parejas homosexuales accedan a la protección de las figuras de matrimonio y de concubinato.
Dichas organizaciones civiles criticaron la sentencia del Tribunal Constitucional, redactada por el magistrado Jorge Rivero Evia, por no tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“El Tribunal Constitucional estableció precedentes que inutilizan el mecanismo de acción contra omisión legislativa, convirtiéndolo en un medio imposible de utilizarse e ilusorio. Esta posición no sólo violó lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los alcances que debe tener este tipo de juicios en Yucatán, sino que dejó a la ciudadanía sin mecanismos para exigir el respeto de la Constitución Yucateca”, indicaron en un comunicado de prensa.
En ese sentido, hicieron un llamado al Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa para que resuelva la demanda de amparo en contra del Tribunal Constitucional para revertir tanto los criterios establecidos como la decisión adoptada en el caso concreto, conforme a los estándares de derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales.
Las asociaciones que presentaron el amparo son Indignación, UNASSE y Oasis de San Juan de Dios, quienes manifestaron su preocupación por “los graves precedentes de la sentencia, la cual no sólo obstaculizó el reconocimiento de los derechos de la población homosexual, sino que estableció serias barreras en la interpretación de los derechos humanos”.
Cabe mencionar que en la sesión del Tribunal Constitucional de hace tres meses, sólo los magistrados Ingrid Priego Cárdenas, José Rubén Ruiz Ramírez, Marcos Celis Quintal y Santiago Altamirano Escalante estuvieron a favor de que sí hubo omisión legislativa de los diputados yucatecos en este tema. El resto de los siete jueces rechazaron la acción, y fueron fuertemente criticados por los activistas de los derechos de los homosexuales. (HEO)