Aseguran que el fallo del Tribunal de Justicia Fiscal en contra del ayuntamiento de Mérida, en donde embargaron cuentas bancarias, fue por cuestiones políticas.
Mérida, Yucatán, 29 de mayo de 2015.- Legisladores federales del PAN interpusieron ante la Fiscalía General del Estado (FGE), una denuncia en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por embargar cuentas bancarias del ayuntamiento de Mérida por 28 millones de pesos.
La denuncia fue interpuesta por los senadores Daniel Ávila Ruiz, Rosa Adriana Díaz Lizama, y la diputada Beatriz Zavala Peniche, quienes aseguraron que el fallo de dicho Tribunal en contra del Municipio, se debió a cuestiones políticas del actual proceso electoral.
Ávila Ruiz argumentó que dos de las tres cuentas congeladas, contaban con recursos federales del Ramo 33, y según la ley, son inembargables, por lo que magistrados estarían cometiendo una ilegalidad.
Los magistrados acusados de esta irregularidad, son Miguel Diego Barbosa Lara, José Jesús Mateo Salazar Azcorra, y María Guadalupe González Góngora.
“Con dolo embargaron dos cuentas bancarias del ayuntamiento que son inembargables, por eso venimos a apoyar al alcalde Renán Barrera Concha, para que la Fiscalía investigue a los tres magistrados y se les aplique todo el peso de la ley y los inhabiliten del cargo”, declaró el senador panista.
Dijo que el fallo del Tribunal, a pocos días de las elecciones, tiene un sentido político, y aseguró que el gobierno del Estado y el Poder Judicial de Yucatán “se están pasando de sus atribuciones y facultades al embargar al ayuntamiento”.
En ese sentido, Zavala Peniche criticó que los magistrados, de una manera supletoria usaron el código civil en este juicio, cuando debieron emplear el código de procesos administrativos, pues aunque el litigio era entre dos particulares, en realidad estaban acusando a un gobierno.
“Venimos en carácter de legisladores a defender al ayuntamiento y a los ciudadanos, que son los perjudicados con este fallo del Tribunal, porque están embargando recursos que ya estaban destinados a obras e infraestructura en específico”, agregó.
La diputada federal también señaló que quien hace años “cometió el error” que llevó a la denuncia de los 13 particulares en contra del ayuntamiento, por un cobro indebido del impuesto predial, fue el gobierno del Estado, por lo que éste debe asumir su responsabilidad en este caso.
“Esto ocurre de manera política, tendenciosa y arbitrariamente, porque estamos en un momento electoral”, sentenció Zavala Peniche.
Por su parte, Díaz Lizama lamentó que con el embargo de 28 millones de pesos, existe el riesgo de que se recorten servicios públicos municipales en Mérida, o que algunos empleados no cobren su próxima quincena.(Herbeth Escalante)