Especialmente en el caso de los loros.
El tráfico ilegal de especies en la Península de Yucatán ha encontrado en las redes sociales un punto de venta, especialmente en el caso de los loros.
Las plataformas digitales se han convertido en un foco rojo difícil de mitigar para las autoridades, que aún enfrentan grandes desafíos para detener esta actividad ilegal.
En los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde habitan 8 de las 22 especies de loros que existen en México, el tráfico de estas aves representa una de las principales amenazas para su supervivencia.
Todas estas especies están clasificadas en alguna categoría de riesgo, lo que agrava la situación.
A pesar de las sanciones contempladas en la ley mexicana, que prevé penas de hasta nueve años de prisión por comerciar con estas aves, la aplicación de estas medidas ha sido insuficiente para frenar el tráfico.
El tráfico de loros en la región no solo es un delito ambiental, sino que también se realiza de manera extremadamente cruel.
El presidente de Proyecto Santa María, José Pierre Medina Arjona, explicó que los traficantes suelen esconder los ejemplares en cajas, latas o incluso envueltos en plástico, tratando de ocultar su traslado.
Este proceso, según cifras de rescatistas de loros, provoca que, de cada 10 aves traficadas, ocho mueran antes de llegar a su destino, principalmente debido a la asfixia.
Destacó que el tráfico de especies no se limita a Yucatán, sino que afecta a todo el país.
«Muchas personas recurren a la venta de loros para obtener ingresos extras, mientras que otros los adquieren creyendo que son mascotas inofensivas, sin tener en cuenta las necesidades especiales de estas aves ni el impacto ambiental de su comercio».
A pesar de la gravedad de este delito, la falta de regulación efectiva en plataformas digitales ha permitido que la venta de loros continúe de manera impune.
Existen grupos y páginas en redes sociales donde se promociona abiertamente la venta de estas especies en peligro de extinción, lo que dificulta aún más el trabajo de las autoridades.
«La ley es tan rígida que no se puede aplicar, porque eso implicaría sancionar a familiares y conocidos que tienen loros como mascotas», comentó.
Afortunadamente, existen iniciativas como la de Proyecto Santa María, que trabaja en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para rescatar loros y otras especies afectadas por el tráfico ilegal. Sin embargo, el rescate es solo el primer paso en un proceso mucho más amplio que requiere la participación activa de toda la sociedad.
Subrayó, que la educación y la sensibilización son herramientas clave en esta lucha, dónde «el cambio solo será posible si las personas dejan de adquirir loros, lo que obligará a los traficantes a cesar su actividad».
JHM