Reformas al Código Penal de Yucatán establecen 38 delitos
Mérida, Yucatán, 29 de julio de 2020.- Las recientes reformas al Código Penal de Yucatán, que entraron en vigor el pasado 23 de julio, establecen 38 delitos por los cuales las empresas o asociaciones civiles pueden ser imputadas.
De acuerdo con el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY), que preside Mónica Febles Alvarez-Icaza, en este catálogo de delitos destacan el cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, abuso de confianza, falsificación de documentos, delitos contra el medio ambiente, entre otros.
“El Comité de Participación Ciudadana del SEAY considera un acierto esta reforma penal pues fortalece la cultura anticorrupción”, puntualizó Febles Alvarez-Icaza.
Señaló que bajo el concepto de Compliance, que implica la integridad empresarial, los legisladores consideraron un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las empresas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.
“En esta misma reforma también queda consignada el Compliance, definida como una serie de acciones o reglas que una persona moral debe de cumplir para ir en armonía con el orden jurídico”, indicó.
Manifestó que el Compliance es un programa de cumplimiento normativo, de carácter preventivo y que debe ser implementado por las empresas para lograr modificar su probable responsabilidad penal, ya sea con atenuantes o excluyéndola de alguna penalidad, si la empresa se ve involucrada en alguno de esos 38 delitos consignados.
La dependencia precisó que a través de mecanismos internos de prevención, gestión, formación, detección, minimización y control de los citados riesgos, es como las empresas podrán minimizar el impacto de hechos de corrupción que estén considerados delitos.
“Es de suma importancia que las cámaras empresariales, colegios de profesionales y organizaciones civiles difundan entre las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en que consiste este programa de cumplimiento normativo para garantizar que las personas morales actúen con apego a los códigos de ética, políticas internas y normas legales como parte de sus buenas prácticas”, manifestó.
Jorge Euán