Estudio sociológico afirma que apuesta por la desruralización de la zona
Mérida, Yucatán, 1 de julio del 2020.- Aunque hasta ahora Fonatur no ha presentado públicamente un proyecto ejecutivo que ofrezca claridad cuál es el alcance del Tren Maya, es posible afirmar que es una apuesta por la urbanización de la región sur-sureste, erigiendo un desarrollo centrado en la provisión de servicios en los sectores turístico e inmobiliario, y favoreciendo la expansión agroindustrial, sostiene un estudio del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C. (CCMSS).
Los resultados de esta investigación arrojan que Fonatur impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas, distribuidas en más de 1,510 localidades de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awuakateko y akateko.
El Gobierno Federal omite reconocer que se trata de un territorio indígena habitado y poseído por pueblos originarios con derecho a la libre determinación, de acuerdo con la Constitución; ignora su conocimiento ancestral íntimamente ligado al territorio, su identidad cultural y formas de vida, sus sistemas y medios de producción, y su valioso papel en la protección y mantenimiento de la integridad de los territorios comunitarios.
Para el CCMSS, Fonatur e instituciones que la acompañan ponen énfasis en el empleo asalariado. Manifiestan que las personas de las comunidades podrán obtener un empleo en las oportunidades que brindará la construcción de infraestructura ferroviaria y posteriormente en la vasta industria turística (que recibiría anualmente de tres a cuatro millones de turistas adicionales).
Este proceso de desruralización impacta negativamente a las comunidades indígenas y campesinas debilitando su gobernanza y capacidad institucional, así como vulnerando sus cimientos para la reproducción de la vida y la protección de los territorios.
Expulsión y despojo
Para acceder a los terrenos que requiere el proyecto Tren Maya se usarán derechos de vía ya existentes y terrenos federales; pero, además, se incorporarán tierras ejidales mediante un esquema de largo plazo de mercantilización y bursatilización de las tierras, conocido como Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRA), en el que los ejidos aportarían la tierra al Proyecto una vez completado el procedimiento de privatización de la tierra.
Fonatur ha presionado de distintas formas a los ejidos para “sumarse” al Proyecto, como en los casos de los ejidos Bacalar, Tulum y Cobá, en Quintana Roo, a los cuales se les ha requerido aportar mil hectáreas a cada uno al proyecto, a cambio de hacerse “socios”.
En los tres casos, las autoridades ejidales han expresado que el ejido no está de acuerdo en ceder tales extensiones de sus tierras. En estos casos, Fonatur ha reaccionado con amenazas de “que no hay tren” e incluso con la modificación del trazo del Proyecto.
Mario Lope