De cada diez sufragios, seis los depositarán los de medio siglo y más, y los jóvenes de entre 18 y 29 años
Ciudad de México, 1 de julio de 2018.– Por primera vez con 60% del poder electoral en manos de jóvenes y mayores de 50 años, los votantes mexicanos deciden este domingo entre mantener al México de las 11 reformas estructurales logradas en el último lustro, luego de décadas de obstáculos, o retomar el ritmo del México nacionalista surgido del movimiento revolucionario.
A raíz de un acuerdo político inédito que se cocinó entre 2012 y 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto concretó 11 reformas estructurales, construidas con el PAN y el PRD, para modernizar la estructura productiva y educativa del país, para brindar las herramientas jurídicas que le permitieran tener mayores ingresos en la dinámica de un mercado multinacional, según explicaciones oficiales.
La concreción de los cambios constitucionales que implicaron esas 11 reformas, entre ellas la Educativa, Energética, Financiera, Hacendaria, Político-Electoral, Transparencia, Anticorrupción y Laboral, fueron incluso reconocidos en el mundo, pues por primera vez la oposición política y un gobierno federal lograban acuerdos que se tradujeron en estos cambios que, de acuerdo con los mismos partidos políticos y el gobierno federal, generarán un mayor desarrollo económico nacional en el mediano y largo plazos.
Pero de acuerdo con los proyectos de trabajo que difundieron a lo largo de la campaña los candidatos presidenciales, las reformas no tienen un destino seguro y la decisión estará en los 89 millones 978 mil 701 electorales que, por primera vez, tienen 60% de su poder electoral concentrado en los dos extremos generacionales: 29% en jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes sólo han vivido el México del pluralismo político posterior al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 31% en los mayores de 50 años, quienes forman la generación de mexicanos que vivió el país de un partido único y una economía nacionalista, cerrada al mundo.
Los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, que integran la alianza Juntos Haremos Historia, plantean en su plataforma electoral suspender la aplicación de la Reforma Educativa, basada en la evaluación constante de la calidad educativa de los docentes, al considerar que se violan los derechos laborales.
También la suspensión de la Reforma Energética, porque consideran que México debe ser el único que explore, extraiga y venda el petróleo, sin ayuda de empresas internacionales.
En tanto, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que integran la alianza Por México al Frente y que con los corresponsables de estas 11 reformas –el PAN no acompañó la Reforma Fiscal y el PRD no fue con la Reforma Energética— destacan la necesidad de revisarlas para tener una mejor aplicación y, por lo tanto, se obtengan mejores resultados en un tiempo más breve.
Los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, que conforman la alianza Todos por México, plantean la continuación de las reforma estructurales, con la planeación ya establecida de revisiones periódicas.
La coalición Todos por México y la alianza Por México al Frente coinciden en la necesidad de que México se mantenga en la dinámica de elevar la productividad nacional, abrirse al mundo, a la competencia constante y a la colocación de los productos nacionales cada vez en más mercados internacionales.
En contraste, en la coalición Juntos Haremos Historia la concepción es que México debe regresar al fortalecimiento de su mercado interno, como prioridad; ir a los esquemas internacionales con mesura y sólo después de que se garantice el abasto de alimentos en todo el país; poner énfasis en que México debe consumir sólo lo que produce y sacar al mercado mundial productos no esenciales.
A nivel político, Todos por México y Por México al Frente promueven el reflejo de la pluralidad política en la toma de decisiones, vía la integración del próximo Congreso de la Unión; Juntos Haremos Historia busca repetir el dominio del gobierno en turno en el Congreso, para que pueda tomar las decisiones que considera necesarias, sin el consenso con otras fuerzas políticas.