Esa organización señaló que la cultura de la denuncia “es escasa” a nivel nacional
Mérida, Yucatán, 15 de noviembre de 2017.- Durante la presentación de un informe elaborado por Amnistía Internacional sobre detenciones arbitrarias en México, en el que se incluyeron 2 casos ocurridos en el estado, el investigador de dicha organización, Carlos Zazueta Vargas declaró que aunque en Yucatán los índices de seguridad son más altos que en el resto del país, “no por ello hay menos violencia institucional” que en otras entidades. Asimismo dijo que la mayoría de esos delitos permanecen impunes.
El especialista explicó que no hay cifras exactas de los casos de detenciones arbitrarias que han ocurrido en el país o en la entidad, ya que no es un tipo penal específico en los Códigos Penales. Por lo tanto, las Procuradurías los registran como otros delitos similares pero rara vez como la detención.
Sin embargo, recalcó que tanto en Yucatán como en el resto del país hay “muchos casos” de detenciones arbitrarias, las cuales frecuentemente están relacionadas con casos de tortura e incluso muerte al interior de recintos penales.
Sobre este último punto, explicó que aunque en el estado han ocurrido muertes al interior de penales y cárceles municipales, no hay investigaciones adecuadas al respecto.
“Sí hay muertes de personas detenidas o en los separos de la policía. Bajo Derecho Internacional toda muerte en custodia debe ser investigada como posible ejecución, tienen que activarse los más estricticos protocolos de investigación para verificar por qué murió una persona bajo el cuidado y en un recinto del Estado, pero cuando esas muertes ocurren generalmente no hay una investigación adecuada”, puntualizó.
De igual forma detalló que este tipo de delitos “rara vez son denunciados”. Aunque aclaró que en México la cultura de la denuncia es escasa, “sí se suelen denunciar delitos patrimoniales como robos de automóviles, pero los relacionados con autoridades, extorsiones, detenciones, esos no”.
Zazueta Vargas señaló que una de las principales preocupaciones en torno a las detenciones arbitrarias “es que no haya ninguna sanción a las personas responsables y que las autoridades políticas no toman cartas en el asunto para prevenir”.
“La forma más rápida de prevenir estas detenciones es sancionar a los responsables, no solo aquellos que físicamente aprehendieron a las personas los que lo hayan ordenado, autorizado o permitido. Garantizar que los policías no van a recibir órdenes ilegales para llevar a cabo detenciones arbitrarias y que el que la realice tiene que enfrentar un proceso”, puntualizó.
En la rueda de prensa también participó la integrante de la organización Indignación, Martha Elizabeth Capetillo Pasos, quien enumeró algunos de los casos famosos de detenciones arbitrarias en Yucatán, entre ellos los casos de trabajadores avícolas de Tetiz y Hunucmá y su asesor Julio Macossay Vallado, detenidos en 1990 durante su movimiento sindical; el de las 48 personas detenidas en el 2007 durante las protestas por la visita del ex presidente estadounidense George W. Bush y el caso del 2016 en Chablekal.
De igual forma señaló que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), en sus informes expresa que las muertes al interior de penales y cárceles municipales son “fortuitas y no están enfocados en descartar casos de tortura”.
Añadió que implementando protocolos de actuación policial y aplicando sanciones a quienes cometan el delito mencionado se pueden reducir los casos de detenciones ilegales.
Sobre el caso de Chablekal, Zazueta Vargas comentó que las autoridades “tienen la obligación de hacer la investigación y llevar el caso a juez penal”. Agregó que el caso “fue muy grave” porque afectó a la comunidad. Precisamente el asunto de Chablekal fue uno de los dos incluidos en el informe de Amnistía, junto con el caso de un menor llamado “José Adrián”, originario de X-Can y quien fue detenido y golpeado sin investigación previa aún padeciendo una discapacidad.
Cabe mencionar que a la presentación del informe acudió “Pedro”, quien dio a la audiencia su testimonio –de manera anónima- sobre los hechos ocurridos en Chablekal.
“Fuimos tratados como delincuentes, sacados de la casa injustamente. Me hicieron caminar en pavimento con temperatura caliente, tuve quemaduras de tercer grado en los pies y no podía caminar. No recibí atención médica para nada”, contó.
Relató que su esposa e hija también fueron encañonadas por las autoridades en su hogar “pero nada de esto es suficiente para las autoridades, siento una gran impotencia porque no podemos hacer nada, tenemos pruebas pero la autoridad no da la cara. Peleamos con un monstruo llamado autoridad”, concluyó.
Finalmente los participantes comentaron algunas de las recomendaciones estipuladas en el informe dirigidas a las autoridades municipales, estatales y federales, entre las que se encuentran establecer regulaciones y protocolos para todas las corporaciones policíacas, capacitarlas constantemente y manejar los recintos penitenciarios de manera adecuada, contar con registros de entrada y salida, entre otros puntos. (Lilia Balam)